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Evo Morales y su "democracia"

Jaime Daremblum

Al margen de la hilaridad que provocan sus insólitas teorías, no debemos perder de vista que Evo Morales está ejecutando al pie de la letra el plan de acción de su mentor Hugo Chávez para destruir la democracia desde adentro. El paralelo entre su trayectoria en el poder y la del venezolano se torna cada vez más notoria, y si Morales ha avanzado ligeramente menos que Chávez, en el proceso autocrático, es  porque empezó años después. Sin embargo, recorre exactamente el mismo camino. Así, quien pudo servir de puente para zanjar las profundas divisiones étnicas, geográficas, socioeconómica de su país, se ha dedicado  a exacerbarlas y llevarlas al extremo.

La violación de principios y de instituciones esenciales para el funcionamiento de la democracia se iniciaron en el momento mismo en que Morales hizo sesionar a la Asamblea Constituyente en un cuartel militar. Allí se impidió el acceso a los constituyentes que no concordaban con la línea ideológica fijada de antemano por el gobierno. Las violaciones han proseguido de manera sistemática.


 


La noche misma del 6 de diciembre de 2009, en la que festejó su reelección, Morales anunció que se postularía nuevamente como candidato presidencial en 2015, a pesar de que la nueva Constitución, aprobada a su arbitrio, prohíbe que se elija a una misma persona por más de dos períodos consecutivos a la presidencia. Y sus partidarios en la legislatura han destituido a magistrados de la Corte Suprema cuya única falta es no haberse doblegado ante los deseos y presiones del gobierno. Este año, esos mismos legisladores le han dado a Morales la potestad de nombrar, a la Chávez, a los jueces de todas las cortes de Bolivia. Esto impide que el Poder Judicial cumpla con su función primordial en una auténtica democracia: actuar como mecanismo de control de los posibles excesos de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.


 


El paso siguiente ha sido perseguir a líderes de la oposición, formulándoles cargos falsos. De ese modo se les impide participar en elecciones, se los despoja de su victoria electoral o se los fuerza a marcharse al exilio. Esta típica receta chavista ha sido puesta sistemáticamente en ejecución por Morales y sus seguidores incondicionales que lo rodean. 


 


Los casos de esta patología abundan. Al gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, lo acusaron de peculado. Esto suena como una lucha contra la corrupción, pero le hicieron esa acusación sólo porque incluyó en su presupuesto los recursos necesarios para realizar un referéndum sobre la autonomía de Santa Cruz, a lo que Morales se opone.


 


La persecución política no está de ninguna manera reservada a la élite tradicional. Se le sigue juicio por falsos cargos de irregularidades a René Joaquino, alcalde de Potosí, quien es de origen humilde e indígena por los cuatro costados. Su pecado es que fue candidato presidencial contra Morales en las elecciones de diciembre pasado y acaba de ganar nuevamente la alcaldía de Potosí, derrotando a la maquinaria del gobierno.


 


Joaquino es uno de los líderes de oposición que lograron ganar las alcaldías de 7 de las principales 10 ciudades de Bolivia, incluida La Paz, donde triunfó el candidato del Movimiento Sin Miedo, aliado de Morales hasta principios de este año. A Morales le preocupan estas derrotas en zonas urbanas clave.


En las elecciones del 4 de abril, el partido de Morales ganó dos tercios de las gobernaciones (6 en total, contra 3 ganadas por la oposición en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni); su partido obtuvo también una amplia mayoría de alcaldías. Y sin embargo, el presidente boliviano en lugar de festejar sus triunfos denunció un fraude electoral en su contra.


 


La reacción del presidente refleja su alarma ante el significativo retroceso electoral que han sufrido él y su partido en sólo cuatro meses. A pesar de recientes victorias regionales, el Movimiento al Socialismo acaba de perder 14 por ciento del respaldo popular. En diciembre de 2009, el partido obtuvo el 64% de los votos en las elecciones presidenciales y en abril de este año alcanzó sólo 50% en las elecciones departamentales y locales.


 


Los votos a favor del partido de Morales se registraron en 6 de los 9 departamentos de Bolivia, pero su pérdida de apoyo fue de 12 por ciento en Potosí, 20 por ciento en Oruro y 30 por ciento en La Paz, mientras que en los 3 departamentos donde logró aumentos éstos fueron apenas de 3 a 5 por ciento. Eso explica que Morales intente usar todo el poder del que dispone para destituir, con acusaciones de fraude electoral, a quienes legítimamente lo vencieron.


 


La instauración de un régimen chavista en Bolivia ha servido para empeorar las condiciones, de por sí ya difíciles, que enfrenta la población del segundo país más pobre de América. Es hora de considerar con  seriedad el poder desestabilizador del presidente boliviano.

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