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Bolivia, de mal en peor

Jaime Daremblum

Con sus profundas divisiones étnicas, geográficas y socioeconómicas, Bolivia necesita, como pocos países latinoamericanos, un liderazgo unificador que minimice las diferencias que la han partido en dos sociedades adversas y polarizadas. Desafortunadamente, no parece que vaya a encontrarlo en el corto ni el mediano plazo.

Hace poco más de un año, Evo Morales logró ser reelegido con el 64% de los votos. Si bien sus métodos para hacer viable esa reelección fueron cuestionables, era innegable que tenía amplio respaldo. Eso ha cambiado radicalmente. En enero, una encuesta de IPSOS mostró un porcentaje de aprobación de solo 36% y una medición reciente mostró que si se postulara hoy a su cargo solo obtendría 22% de los votos. ¿Qué ha sucedido?

Medidas arbitrarias. Siguiendo políticas de expropiación arbitraria por ejemplo, ha celebrado hasta ahora cada 1.° de mayo estatizando alguna empresa controles de precios y demás medidas antiempresariales, el presidente boliviano no solo ha emulado a su mentor, Hugo Chávez, en las políticas seguidas, sino también en los resultados: ahuyentar a los inversionistas, tanto locales como extranjeros, con sus consiguientes efectos negativos. No en vano, el informe Haciendo negocios (Doing Business) de la Corporación Financiera Internacional, el brazo de inversión privada del Banco Mundial, ubicó este año a Bolivia en el lugar 149 de entre 183 países, por detrás incluso de Sierra Leona y Siria, con todo y su feroz dictadura.

Morales ha tenido la fortuna de que los precios de los minerales se han disparado y de contar con las segundas reservas de gas natural mayores de Suramérica, pero ni siquiera esta pujanza ha bastado para plasmar una gobernabilidad más diáfana y consecuente. En cuanto al gas, por ejemplo, la falta de inversiones significativas en el último lustro ha hecho disminuir las reservas, de acuerdo con lo dicho al Financial Times por el presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos.

Esto nos explica por qué el Gobierno intentó abolir los subsidios a la gasolina y el diésel en diciembre pasado, con lo cual elevó ocho veces los precios. Por mucho menos Morales habría paralizado el país en sus tiempos de sindicalista, pero esta vez probó una cucharada de su propia medicina. Enormes protestas callejeras surgieron de inmediato y lo forzaron a echar marcha atrás. Y hace poco emergieron nuevas protestas en su contra, organizadas por el principal sindicato, la Central Obrera Boliviana (COB), en procura de un aumento salarial mayor al ofrecido por el Gobierno, pues se anticipa un fuerte aumento en la inflación. Morales perdió de nuevo la partida ante los violentos enfrentamientos entre la policía y los huelguistas.

Clima conflictivo. Hoy Bolivia está sufriendo una elevada conflictividad social, muy parecida a la que Morales solía atizar como dirigente sindical y cocalero. Esto parece reflejar que el Gobierno ha perdido la capacidad de manejo político y el control de los movimientos sociales que solía tener. Solo una pésima lectura política, o la soberbia, pudo llevar a un líder surgido de la protesta y la lucha sindical, a pensar que podía elevar en 800% el precio de la gasolina y el diésel, sin provocar una fuerte reacción en contra.


Además, desde su reelección, Morales ha ido malogrando sus dulces lazos con las fuerzas sociales de mayor capacidad de movilización. No solo ha roto sus alianzas con algunas, como el Movimiento Sin Tierra, sino que además una serie de decisiones le han enajenado su apoyo (caso de la COB). De toda forma, el resultado ha sido que el Gobierno boliviano ya no controla “la calle”.

Remedo de democracia. Lo que sí controla son los mecanismos institucionales, lo cual le ha facilitado degradar el sistema democrático hasta convertirlo en un remedo. Además de manejar una mayoría complaciente en el Congreso, dirige a su antojo el Poder Judicial. Esto ha producido una descarada “judicialización de la política”: para deshacerse de los gobernadores y alcaldes opositores, Evo suele recurrir a acusaciones penales espurias y al cobijo de una norma aprobada por su mayoría parlamentaria, la simple acusación causa la separación del funcionario aunque no haya sido enjuiciado ni condenado.

No sorprenderá entonces que, ¡oh coincidencia!, las acusaciones de la Fiscalía suelen enderezarse mayormente contra los adversarios del Gobierno. Por esta vía han suspendido a dirigentes opositores como el prefecto (gobernador) de Tarija, Mario Cossío, y el alcalde de Potosí, René Joaquino. En otras palabras, Evo gana en la mesa (judicial) lo que pierde en la cancha (electoral).

Ahora, Evo quiere que se elijan por votación popular los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura, en un abierto intento de eliminar cualquier vestigio de independencia judicial. Y para asegurarse el resultado de antemano, los ciudadanos solo podrán escoger entre ternas elaboradas por el Congreso que, como se dijo, está bajo el dominio de las huestes de Morales. Sin duda, estas serán unas elecciones a la cubana.

La corrupción, entre tanto, campea por sus fueros. Nada menos que el antiguo encargado de la lucha antidrogas y asesor del Gobierno en la materia, general René Sanabria, fue arrestado recientemente en Panamá por su alegada participación en el narcotráfico.

Asimismo, hace unos días, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Juan Carlos Rojas, fue destituido por incurrir en “actuaciones ilegales”. Curiosamente, Rojas había denunciado poco antes a dos senadores del partido oficialista por adueñarse ilegalmente de tierras del Estado. Rojas fue cesado con la rapidez del rayo mientras acompañaba a Morales en una entrega de tierras, una muestra de cómo opera la resolución de conflictos en los dominios de Evo.

Atenazada por la corrupción, presa del populismo, con un Gobierno impopular, una institucionalidad cada vez más débil y una oposición desarticulada por las persecuciones políticas y sus propios yerros, Bolivia sigue sin avizorar una salida para beneficio del pueblo más pobre de Suramérica y uno de los cinco más pobres del continente.


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