El 14 de julio último, el fiscal guatemalteco Juan Carlos Martínez fue asesinado cuando se dirigía a su domicilio en un barrio residencial de la capital. Las sospechas inmediatamente recayeron sobre las bandas de narcotraficantes que están sembrando el caos en Guatemala y las naciones vecinas. Tal como lo consignó la prensa, Martínez lideraba la investigación del homicidio de tres congresistas salvadoreños, miembros del partido oficialista Arena, ocurrido el año pasado en Guatemala. A raíz de la muerte de Martínez, el presidente de El Salvador, Antonio Saca, manifestó: Estamos hablando de las grandes ligas, de poderosos carteles de la droga que hacen todo lo posible para ocultar del público la verdad de sus acciones criminales.
Vasto imperio. El asesinato de Martínez constituyó un lamentable recordatorio de las vastas proporciones alcanzadas por el crimen en Latinoamérica, manifiestas en Centroamérica, especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras. Valga señalar que este flagelo socava el desarrollo social y económico de la región.
América Latina, en años recientes, ha tenido un marcado crecimiento gracias al alza en los mercados internacionales junto con políticas económicas prudentes. Incluso, numerosas publicaciones especializadas han afirmado que gracias a este panorama de estabilidad y pujanza, las economías latinoamericanas se muestran hoy menos vulnerables a las fluctuaciones del mercado estadounidense que en el pasado. Esta es una excelente noticia de cara a la recesión que amenaza a Estados Unidos.
Los costos del crimen. Sin embargo, más allá de los logros económicos y sociales obtenidos en años recientes, es innegable que el crimen y la violencia constituyen obstáculos alarmantes para la prosperidad de Latinoamérica, empezando por el impacto negativo que tienen en el clima de la inversión. En un estudio de octubre de 2006, el Banco Mundial destacó que el costo económico asociado con el crimen y la violencia en América Latina equivalía al 14,2% del PIB regional. En términos de capital humano, el 1,9% del PIB se ha perdido así cada año, monto equivalente al gasto entero de la zona en educación primaria. Como fruto de la escalada violenta del crimen, en los últimos 15 años la acumulación neta de capital humano en la región se ha reducido a la mitad.
A este respecto, también en octubre del 2006, el New York Times dio a conocer otro informe del Banco Mundial, el cual puntualizó que si en Brasil la tasa de homicidios a inicios de los años 90 hubiera sido tan baja como la de Costa Rica, país que posee una de las tasas más bajas en la región una sexta parte de la brasileña , el ingreso per cápita brasileño habría engrosado $200 adicionales, y el PIB, a su vez, ganado entre un 3,2% y un 8,4% más hacia finales de esa década.
Sobre estos temas. Lorraine Orlandi escribió en la edición de otoño de la revista Americas Quarterly : A través de Latinoamérica, altos presupuestos de seguridad ahora forman parte del costo de hacer negocios. Datos suplidos por asesores privados de seguridad en México señalan que tales presupuestos oscilan entre un 3% y un 6% de los gastos totales de las compañías. Asimismo, Orlandi enfatizó que el crimen ha perjudicado seriamente a Guatemala y El Salvador. En Guatemala el costo de la violencia durante el 2005 ascendió a $2.400 millones, o sea el 7,3% del PIB, señaló Orlandi, citando un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. De igual manera, constató que ese monto fue más del doble de los daños causados por el huracán Stan en ese mismo año, y el doble de los presupuestos combinados de salud, educación y agricultura para el 2006. En este sentido, un estudio del Banco Mundial en el 2000 destacó que el número de muertes violentas en El Salvador igualaba al de las víctimas de la guerra civil en su etapa más cruenta.
El gran desafío. En mucho, la violencia en Centroamérica se origina en las bandas juveniles o maras y los carteles de las drogas, con el agravante de haber adquirido ambas carácter transnacional. Sin duda, iniciativas para mejorar las condiciones de vida derivadas de la pobreza suelen tener un impacto importante en las tasas delictivas, pero también es innegable que métodos policiales innovadores, mejoras de la seguridad ciudadana y mayor efectividad judicial constituyen factores claves para combatir el crimen.
Esta es una agenda impostergable para nuestros países que miran desconsolados cómo las grandes urbes latinoamericanas se convierten en feudos delictivos.
Sin embargo, no es dable ignorar que una lucha inteligente y resuelta contra el imperio del crimen podría tener grandes posibilidades de éxito.