Manuel Zelaya, el depuesto presidente hondureño, deambula por un oscuro laberinto sin visos de salida. La desesperación lo agobia. Encerrado en la sede de la embajada de Brasil en Tegucigalpa, suele empezar su jornada matutina con manifestaciones a la prensa que revelan su deterioro anímico. Así, en fecha reciente, anunció que renunciaba a la presidencia y en esos términos se lo comunicó en una misiva al mandatario estadounidense, Barack Obama. Al día siguiente, sin embargo, retrocedió al aclarar no haber renunciado, sino que rehusaba ser parte de cualquier arreglo para reinstalarlo. Previamente había declarado letra muerta el acuerdo de Tegucigalpa del 29 de octubre pero, acto seguido, exigió su cumplimiento estricto al gobierno transitorio. Algo parecido se observa con su apreciación de Estados Unidos, amigo un día y enemigo acérrimo el otro.
Su némesis de turno es hoy la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, a quien culpa de haberlo engatusado a firmar el convenio de Tegucigalpa que puso su retorno al poder en manos del Congreso de Honduras. En su más reciente salida a la prensa, Zelaya incluso declaró indignos de Abraham Lincoln a Hillary y sus subalternos. Además, en opinión del expresidente, el citado pacto de Tegucigalpa ampara ahora presuntamente no era así cuando él lo suscribió una confabulación truculenta para justificar tanto al gobierno provisional como las elecciones presidenciales del 29 del mes en curso, las que Zelaya ya descalificó de antemano, apoyado por el presidente venezolano Hugo Chávez y su fiel secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza.
Al tiempo que el número de sus simpatizantes en Honduras se ha reducido drásticamente, su círculo de amistades en el exterior también se ha encogido de manera considerable. La creciente soledad abruma a este expresidente, acostumbrado al halago fácil de cortesanos y el aplauso de las turbas callejeras. Precisamente, en hombros de este populacho planeaba montar un fraude constitucional, a finales de junio último, para perpetuarse en el poder conforme al estilo de moda chavista.
Acuerdo nacional. Cabe recordar que la crisis política que ha vivido Honduras desde entonces, pareció encontrar solución a finales de octubre cuando representantes de Zelaya y del gobierno transitorio acordaron una serie de compromisos que incluían integrar un gobierno provisional de unidad nacional y encomendar al Congreso hondureño definir la suerte de Zelaya, previa consulta a la Corte Suprema de Justicia. Inicialmente, algunos medios se apresuraron a difundir la noticia equívoca de que el pacto reinstalaba a Zelaya automáticamente. La realidad era otra, pues conforme al texto suscrito la última palabra la tendrán los legisladores hondureños.
Estados Unidos, que dio el empuje definitivo al acuerdo, anunció entonces que levantaba las sanciones contra Honduras y que reconocería la legitimidad de las elecciones del 29 del presente mes con o sin Zelaya. Previamente, la administración de Barack Obama había reiterado, a unísono con otros gobiernos del hemisferio, que el fin de las sanciones así como el reconocimiento de los comicios dependían de la restitución presidencial de Zelaya. Sin embargo, plasmado el convenio del 29 de octubre, y ante la instancia crítica de algunos senadores republicanos, el Departamento de Estado cambió de posición y dispuso que los propios hondureños decidieran sobre el retorno a la presidencia del controversial acólito de Hugo Chávez.
Pregunta tardía. El depuesto mandatario creía, basado en declaraciones previas, que el Gobierno estadounidense todavía permanecía firme de su lado. Sin embargo, una vez sellado el pacto de finales de octubre, y tras una serie de manifestaciones de los responsables de la diplomacia hacia América Latina que señalaban un cambio en la postura de la administración, Zelaya ingenuamente ha interpelado al Departamento de Estado. Desde luego, la administración ha ignorado sus requerimientos y hoy todo indica que el Congreso hondureño no lo reinstalará en la presidencia. De hecho, los legisladores no se reunirán a discutir el tema antes de las elecciones del 29 de noviembre y, para entonces, habrá un nuevo gobernante electo democráticamente.
Sin duda, el acuerdo de Tegucigalpa ha deparado un triunfo diplomático al gobierno provisional de Honduras. Con solo firmar este acuerdo, declaró un consejero del presidente interino Arturo Micheletti al servicio noticioso Bloomberg, ya obtuvimos el reconocimiento de la comunidad internacional para las elecciones. La implementación del pacto será supervisada por una Comisión de Verificación cuyos miembros incluyen a la secretaria de Trabajo estadounidense, Hilda Solís, y al expresidente chileno Ricardo Lagos.
El cambio de rumbo de la administración en Washington con respecto al tema de Honduras fue alentado, en gran parte, por un informe de la Biblioteca Legal del Congreso que analizó las circunstancias jurídicas de la destitución de Zelaya. El estudio concluyó que los poderes Judicial y Legislativo aplicaron la Constitución y las leyes correspondientes en el caso de Zelaya¨ y las autoridades de ambas ramas del Gobierno actuaron de forma apegada al Derecho. La opinión legal precisó, igualmente, que la expulsión de Zelaya a Costa Rica fue inconstitucional, pero que esto por sí solo no lo facultaba a volver como presidente.
El gran perdedor en toda esta historia ha sido, por supuesto, Chávez. Y, dichosamente, quien ganó fue el pueblo hondureño, que ya ve disiparse el peligro despótico que lo amenazaba.